La dimensión del coloso y la sed de los cultivos
El embalse de Alqueva constituye el mayor reservorio hidrogrícola y de regulación hídrica de la península ibérica, disponiendo de una capacidad de almacenamiento total de 4.150 hectómetros cúbicos y un volumen útil de 3.150 hectómetros cúbicos, con más de 1.100 kilómetros de márgenes, conforme a datos oficiales de 2016 de la Agencia Portuguesa del Ambiente. Esta infraestructura monumental fue concebida para transformar el panorama agrícola y económico de una vasta región del sur del territorio nacional, afectando a decenas de municipios.
No obstante, la utilización práctica de esta masa de agua ha cambiado profundamente a lo largo de los años. Según el informe de campaña de 2024 divulgado por la Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, el área inscrita para riego en el Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva alcanzó las 116.562 hectáreas. De ese total impresionante, 74.059 hectáreas fueron ocupadas por olivar y 24.607 hectáreas por frutos secos, principalmente almendro.
Estas dos monoculturas intensivas representan así más del 84% de toda el área de regadío gestionada por la infraestructura pública. En términos de volumen bruto, la EDIA registró en 2024 una distribución total de 455,2 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales la agricultura de regadío absorbió 382 hectómetros cúbicos, equivaliendo al 84% del volumen global, mientras que el consumo público se quedó en 9,2 hectómetros cúbicos y la industria en 1,2 hectómetros cúbicos.
La estructura agraria y la presión empresarial
Para comprender el impacto local de estos números, es necesario mirar a la estructura de la propiedad agrícola en la región del Alentejo antes y después de la llegada masiva del regadío. De acuerdo con el Censo Agrícola de 2019 publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, la dimensión media de las explotaciones agrícolas se situaba en los 60,99 hectáreas de Superficie Agrícola Utilizada, un valor que contrasta de forma muy acentuada con la media de Portugal continental, fijada en 13,85 hectáreas, y con la media de la Unión Europea de 28 Estados miembros, situada en cerca de 16,6 hectáreas.
Entre los años 2009 y 2019, los datos del INE muestran que el número total de explotaciones agrícolas en el Alentejo sufrió un descenso del 7,62%, bajando de 41.720 a 38.541 unidades operacionales. En sentido inverso, las sociedades agrícolas estrictamente empresariales se duplicaron en el mismo periodo temporal, pasando a gestionar el 36,7% de toda la Superficie Agrícola Utilizada a nivel nacional.
A esto se añade que, según datos avanzados en 2022 por la Asociación de Olivicultores y Almazaras de Portugal, cerca de seis grandes grupos agroindustriales y fondos de inversión internacionales pasaron a poseer o gestionar más del 65% de las grandes explotaciones de olivar regado localizadas en el área de influencia directa del proyecto público.
Costes energéticos y regulación de caudales
La gestión cotidiana de los recursos hídricos se enfrenta a restricciones técnicas severas relacionadas con la energía necesaria para mover el agua. Conforme al informe de cuentas de 2024 de la EDIA publicado en 2025, la distribución y presurización del agua en las redes primaria y secundaria consume una media de 0,45 kilovatios-hora de electricidad por cada metro cúbico bombeado, generando una dependencia directa y lineal entre el precio final pagado por el agricultor y las tarifas mayoristas de energía en los mercados.
Para frenar subidas inasumibles asociadas a la crisis energética, el Gobierno determinó en mayo de 2023 una limitación extraordinaria al aumento tarifario del agua de riego, fijándolo en un máximo del 24%, lo que tradujo una subida de 0,01 euros por metro cúbico y evitó la propuesta técnica original derivada de los costes energéticos que preveía un incremento drástico del 140%, de acuerdo con los registros del Ministerio de Agricultura y de la Alimentación de 2023.
En paralelo, para disciplinar los consumos en una cuenca bajo fuerte presión, la EDIA implementó a partir de la campaña de 2023 el Plan Anual de Utilización de Agua. Este instrumento pasó a imponer un volumen máximo autorizado por cultivo con base estipulada en las dotaciones de referencia técnicas del Centro Operativo y de Tecnología de Regadío, determinando la interrupción automática del suministro a cualquier explotación que supere el límite regulador fijado.
Inversiones públicas y criterios de adjudicación
El esfuerzo financiero del Estado en la expansión de las redes secundarias de riego continúa acentuándose a través de nuevos bloques aprobados en 2024. A través de la Orden ministerial (Portaria) n.º 387/2024/2, el Gobierno autorizó a la EDIA a realizar un gasto de 88.880.467,14 euros destinado a la ejecución del Circuito Hidráulico de Reguengos de Monsaraz y sus respectivos bloques en el ámbito del Programa Nacional de Regadíos, publicada en el Diario de la República.
En el mismo sentido, la Orden ministerial (Portaria) n.º 411/2024/2 autorizó a la EDIA a avanzar con la infraestructuración del Bloque de Moura, estructurando una nueva red de riego gravítica que abarca un área de 1.200 hectáreas a partir del embalse de Caliços, conforme a los despachos oficiales emitidos en 2024 por los gabinetes gubernamentales competentes.
Como contrapunto regulatorio para proteger a los productores de menor escala, la EDIA introdujo criterios de adjudicación preferencial en los concursos de arrendamiento de parcelas rústicas públicos promovidos en noviembre de 2023 para 36 parcelas y en agosto de 2024 para 9 parcelas, beneficiando directamente a los titulares del Estatuto de Agricultura Familiar, los Jóvenes Agricultores y los operadores en Modo de Producción Biológico, según los edictos oficiales de la empresa de 2023.
La narrativa de la democratización frente a los datos de escasez
La lectura intuitiva e institucional más frecuente sostiene que la gran infraestructura pública de Alqueva democratizó el acceso al agua y salvó al sector agrícola alentejano ante el cambio climático, permitiendo que cualquier productor local pudiera regar sus campos. Sin embargo, esta premisa colide frontalmente con la realidad estadística constatada en las explotaciones y con la planificación oficial de la cuenca hidrográfica.
El 3.º Ciclo del Plan de Gestión de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por la Resolución del Consejo de Ministros n.º 62/2024 de la Agencia Portuguesa del Ambiente, señala inequívocamente que la demanda agrícola representa más del 80% de las captaciones totales de agua en la cuenca y que las presiones difusas originadas por la agricultura y la ganadería afectan negativamente a más del 50% de las masas de agua, cuyo estado ecológico se encuentra por debajo de bueno.
Además, en los años de escasez hídrica severa registrados en los aprovechamientos interconectados, los agricultores con contratos bajo título precario localizados fuera de los bloques formales sufrieron recortes drásticos de suministro que llegaron al 100%, salvaguardándose únicamente las dotaciones hídricas para los regantes definitivos integrados en el perímetro oficial, conforme se detalla en un informe técnico de 2021 de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.
El impacto económico en la tierra y el futuro de los municipios
Para quien vive y trabaja en los 47 municipios del Alentejo, la llegada del regadío y la valorización exponencial del suelo generaron una profunda transformación económica y social. Los Estudios de Impacto Ambiental de bloques de riego del EFMA, como los de São Pedro-Baleizão y Roxo-Sado elaborados en 2010 por la Agencia Portuguesa del Ambiente a través del SIAIA, ya indicaban que la conversión a regadío elevaría el valor comercial de la tierra en varios órdenes de magnitud.
En la práctica económica cotidiana, esa inflación abrupta del precio del suelo desencadenó la adquisición en bloque de haciendas históricas por grandes grupos agroindustriales y fondos institucionales, ante la reconocida incapacidad financiera de reinversión y compra por parte de los pequeños arrendatarios y agricultores familiares tradicionales de la región.
Para mitigar esta tendencia de concentración, la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural aplicó hasta 2020 más de 675 millones de euros en 4.000 proyectos a nivel nacional, habiendo incluso bloqueado las candidaturas para la instalación de nuevos olivares en el área de influencia directa del riego de Alqueva con el fin de frenar la expansión desregulada de la monocultura intensiva, de acuerdo con el balance oficial de 2020 del PDR 2020.